Verano y la presunta ilegalidad en dineros recibidos para financiar su campaña

Un pagaré no reportado ante el Consejo Nacional Electoral enreda al gobernador Eduardo Verano de la Rosa, a dos de sus exsecretarios y al exsenador Laureano Acuña, entre los principales sindicados del presunto fraude.

Anatolio Santos acusa a Pedro Lemus, secretario general de la Gobernación; a Óscar Javier Pantoja; al exsenador Laureano Acuña; y al contratista Carlos Barragán como los principales responsables de la omisión ante el CNE (Consejo Nacional Electoral) de $2.368 millones de pesos, supuestamente destinados como apoyo a la campaña del actual gobernante en el Atlántico. Este tipo de omisión es punible bajo el delito denominado fraude procesal, el cual acarrea penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Verano y sus secuaces

Verano sostiene que nunca se realizaron aportes por parte de Anatolio a su campaña. Es importante señalar la relación entre Santos y Eduardo, quien fue su secretario de Desarrollo Económico. La ruptura entre ambos se debe a que el pagaré —a dos años de su emisión— no ha sido saldado. Según los implicados en la denuncia, no tienen conocimiento de dicha deuda y consideran que se trata de un ataque sucio contra la campaña de Eduardo Verano y sus allegados.

Recientemente, una orden judicial ratificó que el pagaré tiene validez vigente y que su cobro debe ser efectuado, dada la extensión del tiempo transcurrido y la responsabilidad de los codeudores. El embargo de los sueldos de Javier Pantoja y Pedro Lemus fue ejecutado, y se encontraron predios registrados a nombre de ambos en jurisdicción de Santa Verónica. Sin embargo, se señala que Pantoja posee además dos lotes en Puerto Colombia, adquiridos mediante una presunta treta con la ayuda de la Oficina de Registros e Instrumentos Públicos de ese municipio.

En un audio, Anatolio infiere que Verano tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, y que sus adeptos, con apoyo de estamentos del departamento, habrían recurrido a diversas artimañas para evitar el embargo de sus bienes y así el cobro de la deuda. Algunos de los acusados niegan haber recibido el préstamo, mientras que otros han evitado responder a los cuestionamientos, cuya gravedad trasciende una simple financiación electoral, poniendo en riesgo el manejo de recursos en la actual —y controvertida— gobernación de Eduardo Verano.